La mayoría de analistas del fenómeno migratorio suelen llamar la atención sobre una paradoja que resulta significativa: Se trata del contraste entre la creciente liberalización y desregulación de los flujos de capital, mercancías, tecnología e información de la mano de los procesos que se conocen con el nombre de globalización, por un lado, y el refuerzo de los controles fronterizos y las dificultades selectivas impuestas a la circulación de personas y de fuerza de trabajo, por otro. Mientras las fronteras nacionales, y con ellas las instancias que representan la soberanía de los Estados y los mecanismos que la hacen efectiva, pierden significación voluntariamente en relación con aquellos flujos, asistimos a un aumento del control estatal sobre los movimientos del trabajo a través de legislaciones (Zamora 2005:53). Actualmente, la movilidad humana se ha convertido en un punto esencial de la agenda de seguridad de los países desarrollados, y por ello ha sido securitizado.

Como ya hemos visto en anteriores ocasiones, la securitización es un proceso por el cual una cuestión se presenta como una amenaza existencial a un objeto de referencia cuya supervivencia es legítima. Para hacer frente a esta amenaza se requieren medidas de emergencia y la misma amenaza justifica acciones fuera de los límites normales del procedimiento político, es decir, acciones excepcionales.

Actualmente, el desarrollo de discursos y política de seguridad en el área de migración en occidente se presenta a menudo como una respuesta política inevitable a los retos para el orden público y la estabilidad doméstica que supuestamente suponen el aumento de número de inmigrantes y solicitantes de asilo. Es decir, diferentes actores securitizadores occidentales, al hablar de migraciones lo que hacen es movilizar un discurso que presenta un cuadro alarmista de las consecuencias de la seguridad del movimiento de las personas,  del desorden producido por la migración. Para la construcción discursiva de esta amenaza, los actores apelan al objeto de referencia que serían las sociedades occidentales y su orden público, que esta «anarquía venidera» asociada con la migración masiva pone en peligro. Tal y como señala Didier Bigo[1] la popularidad de este discurso no es tanto una expresión de las tradicionales respuestas al crecimiento de la inseguridad (crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas), como el resultado de la creación de un conjunto de amenazas y una inquietud social general en la que diferentes actores intercambian sus miedos y creencias en el proceso de construcción de una sociedad peligrosa, una sociedad del riesgo. En este contexto, los encargados de gestionar la seguridad abusan de su legitimidad para luchar contra terroristas y criminales extendiéndola a otros colectivos, como el de los migrantes.

Una de las prácticas de los actores gubernamentales que evidencia de forma más clara la securitización de las migraciones es la externalización de fronteras. En este sentido, la externalización de fronteras en un estado supone el desplazamiento de recursos a terceros países para el cumplimiento de tareas relacionadas con el control migratorio, una competencia típicamente estatal, a través de su subcontratación. ¿Os suena el acuerdo de la UE con Turquía? Esta práctica, además de suponer que las migraciones entran en la agenda de la seguridad, también implica que entran en la política exterior del Estado, algo que también supone una novedad. ¿Y su resultado? Vallas contrarias a los Derechos Humanos y un cementerio en el Mediterráneo.

[1] Didier Bigo pertenece a la Escuela de Estudios Críticos de París. Para Ángel González Navas (2012) esta corriente entiende que la seguridad interna y la externa se encuentran entremezcladas y los actores participan en una gradual deslocalización de las tradicionales tareas estatales (policía, ejército, aduanas, etc.) y en la producción de una figura amenazadora que surge de la constante vinculación entre migración, crimen organizado y terrorismo.

Fuentes: Zamora, José Antonio (2005) «Políticas de inmigración, ciudadanía y estado de excepción», en Arbor, No. 713, pp.53-66

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